El Gobierno no quiere restituir las pensiones que les quitó a las personas con discapacidad.

El Gobierno frenó el fallo que lo obligaba a restablecer las pensiones por invalidez

Tras el contundente rechazo que generó la baja de 170 mil pensiones, el Gobierno había prometido restablecer ese derecho, aunque todavía había más de 100 mil casos en los que no había sucedido a pesar del fallo de la Justicia a favor de los damnificados. Sin embargo, el Ejecutivo apeló a la determinación y consiguió no tener que pagarlas. 

El Ejecutivo apeló la medida cautelar dictada a nivel nacional a favor de los perjudicados por el recorte de las pensiones por invalidez, que obligaba al Gobierno a restituir ese derecho de manera inmediata.

A pesar de que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, había asegurado que se trataba de un "error administrativo" y que daría de alta el beneficio a todos los que habían sufrido la suspensión o eliminación, más de cien mil personas siguen sin recibir la prestación. 

Esta vez, el Gobierno apeló a la orden de la justicia de reponer los pagos de las pensiones. Por su parte, la jueza Adriana Camaratta, titular del Tribunal Nº 8 del juzgado de la Seguridad Social, otorgó la apelación con efecto suspensivo, por lo que ña cautelar no se aplica hasta tanto el tema se trate en la Cámara de Apelaciones.

Desarrollo Social restableció hasta el momento la mayoría de las pensiones suspendidas este año, pero dejó sin reponer las quitadas en 2016. Según informaron desde la propia cartera que conduce Stanley a través de un comunicado, el año pasado se eliminaron 90.000 pensiones no contributivas.

Según informaron desde la Fundación Soberanía Sanitaria, con la aceleración del proceso de eliminación y suspensión desde comienzos de 2017, la cifra ascendía a más de 175 mil, de los cuales el 72 por ciento corresponde a casos por invalidez, quienes además deben afrontar gastos de salud y sanitarios de hasta 40.000 pesos mensuales. 

Además, al darse de baja o suspenderse ese ingreso, también se interrumpen los planes de cobertura que brinda el Ministerio de Salud, tales como tratamientos de diálisis para las personas con insuficiencia renal crónica y farmacológicos inmunosupresores para pacientes trasplantados.

El Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 8, a cargo de la jueza Camaratta, había dado lugar a un pedido efectuado por la Red de Personas con Discapacidad (Asociación REDI) y ordenó al Ministerio de Desarrollo Social el restablecimiento de las pensiones de forma “inmediata”, en aquellos casos en que hubieran sido suspendidas “sin mediar resolución fundada previa”.

“Había sido un fallo ejemplificador y bajo duros términos, por lo que no entendemos que ahora acepte la apelación con carácter suspensivo sobre la cautelar”, explicó a Página 12 la abogada de REDI, Varina Suleiman. La apelación era esperada por los abogados de REDI, pese a que Stanley insistió en que se daría marcha atrás con el recorte de pensiones por invalidez, aunque lo más indignante fue la determinación de que se suspenda la cobertura legal a los damnificados hasta que la Cámara decida sobre el tema.

Atención Justicia Ordenó Restituir las 83000 PENSIONES dadas de BAJA por MACRI

La Justicia Federal ordenó al gobierno que restablezca “en forma inmediata” las pensiones por discapacidad que habían sido dadas de baja y que afectaron este año a 83.000 personas. Además, dispuso que el Ministerio de Desarrollo Social, organismo responsable, “se abstenga de interrumpir los pagos de dichos beneficios”. La medida cautelar que dictó la jueza federal de seguridad social Adriana Cammarata es de carácter colectivo, tiene alcance nacional a excepción de la ciudad de Viedma, donde se dictó una medida similar, y tendrá vigencia hasta que se dicte sentencia definitiva. La abogada de la asociación Red por los derechos de las personas con discapacidad (REDI) que presentó el amparo, Varina Suleiman, que “tienen que restituir todas las pensiones. Y si son consecuentes con la idea que tienen de lanzar un Plan de Discapacidad, no deberían apelar la medida”, remarcó. En paralelo, el gobierno lanzó la Agencia Nacional de Discapacidad.

Desde la asunción de Cambiemos, el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley comenzó a dar de baja pensiones no contributivas por invalidez valiéndose de un decreto del menemismo de 1997. En junio de este año, los recortes generaron una ola de repudios que se visibilizó durante una masiva marcha en el obelisco, donde personas con discapacidad y organizaciones que las representan reclamaron contra la política discriminadora del ministerio, que finalmente dio marcha atrás con la medida, aunque de manera parcial. A la mayoría de los afectados no le fueron devueltos sus beneficios.

La resolución de Cammarata, del juzgado federal de la seguridad social Nº 8, establece que se “restablezca el pago de las prestaciones no contributivas por incapacidad otorgadas a las personas con discapacidad residentes en todo el territorio de la República Argentina que fueron dadas de baja o suspendidas sin mediar resolución fundada previa en un proceso que garantice el debido proceso”, que incluye “el derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión fundada; o, dictado que hubiese sido, no se hubiese notificado”.

La magistrada también deja constancia de que la medida no alcanza a los titulares del beneficio que “hubiesen renunciado expresamente” ya que la Asociación “no puede invocar un derecho contrario al ejercido individualmente por algún integrante del colectivo; y aunque parezca obvio expresarlo, a los fallecidos”.

La jueza ponderó el “carácter alimentario” de las pensiones “cuyas suspensiones o bajas habrían sido decididas sin previo acto administrativo ni observancia del debido proceso adjetivo” y esa determinación “podría importar la pérdida de prestaciones médicas, farmacológicas y análogas” según el Programa Federal de Salud.

Y dispuso que “una vez firme la presente en lo relativo a la incompetencia planteada, se proceda por Secretaría a efectuar la correspondiente inscripción en el Registro Público de Procesos Colectivos implementado por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Suleiman explicó que el fallo permite que cualquier persona a la que no le hayan restituido su pensión, en cualquier parte del país, se puede presentar bajo este amparo y reclamar su reintegro. “Sólo quedó excluido Viedma porque tiene un juicio iniciado”.

Además, la letrada explicó que “la resolución se aparta de la ley de Medidas Cautelares contra el Estado (26.854) que establece una vigencia de seis meses. La jueza dispuso que el alcance temporario de la cautelar es por tiempo indeterminado, hasta que se dicte la sentencia definitiva, porque tuvo en cuenta la vulnerabilidad del grupo afectado”.

Como el Estado había pedido que se declarara la incompetencia, rechazada por Cammarata, la abogada de REDI advirtió que “es posible que apelen la medida. Eso es una decisión política. Pero sería una incoherencia que un gobierno que dice que va a lanzar un Plan de Discapacidad apele. Demostraría una intención sólo discursiva de satisfacer derechos. Y mostraría una brecha muy grande entre la palabra y la acción. Esperamos que no apelen y que terminen de enmendar el error”, evaluó la abogada.

Suleiman recordó que los recortes que implementó Desarrollo Social “no respetaron la autonomía de las personas. Utilizaron requisitos viejos a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”, y detalló que “cuando entrecruzaron datos, si identificaban que un pariente tenía un auto o algún ingreso daban de baja la pensión”.

El gobierno anterior, a través de distintos programas, había elevado de 350 mil pensiones no contributivas que había en 2003 a 1,6 millones a fines de 2015. Desde la asunción de Cambiemos, la cartera de Desarrollo Social suspendió y eliminó más de 175 mil pensiones no contributivas, de las cuales el 72 por ciento corresponden a coberturas por invalidez. Con el decreto menemista en la mano retiraron pensiones según las condiciones que establecía esa norma: la titularidad de un automóvil que generalmente tiene permiso por discapacidad; o cuando el cónyuge tiene algún beneficio previsional actual; algún ingreso propio o no alcanza 76 por ciento de incapacidad para el acceso a la pensión. Tras la manifestación de personas discapacitadas en el Obelisco el 15 de junio, el gobierno dio marcha atrás y restituyó algunas pensiones.