miércoles, 14 de febrero de 2018

MACRI anula las Pensiones por Invalidez otorgadas a menores de edad.

Ahora frenó las pensiones a menores por entender que "no tienen incapacidad laboral" al tiempo que endureció los requisitos para que las personas con cáncer, síndrome de Down, HIV, Parkinson y EPOC, entre otras patologías, puedan acceder a la prestación .
Tal cual lo habíamos anticipado hace unos meses, después de las elecciones continuaría la baja masiva de pensiones



En 2017 el intento naufragó en medio del escándalo y merced del rechazo de la Sala II de la Cámara Nacional de Seguridad Social. El gobierno de Mauricio Macri había intentado llevar su ajuste a las pensiones por discapacidad y había dejado sin prestación alguna a más de 170 mil personas.

El ministerio de Desarrollo Social que comanda Carolina Stanley vuelve a la carga ahora y podría negar las pensiones por discapacidad a los menores de edad bajo el pretexto de que "no tienen incapacidad laboral".

El gobierno de Macri se prepara para negarle las pensiones por discapacidad a los menores de edad por entender que "no tienen incapacidad laboral".



Así lo reveló este martes el portal Nuestra Voces que advirtió que el ajuste sobre las personas con discapacidad lejos de haber quedado en el olvido en el gobierno de Macri apenas se tomó un compás de espera hasta que mermara el escándalo.

Según advirtió Nuestras Voces el gobierno de Macri ordenó ahora excluir a los menores de edad de las pensiones por invalidez al tiempo que endureció los requisitos para que las personas con cáncer, síndrome de Down, HIV, Parkinson y EPOC, entre otras patologías, puedan acceder a ella.

Al menos 20 mil pensiones, que ya habían sido aprobadas e iban a ser otorgadas en los próximos meses, serán revisadas bajo los nuevos criterios establecidos por las nuevas autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad.


Se endurecieron además los requisitos para que las personas con cáncer, síndrome de Down, HIV, Parkinson y EPOC accedan a una pensión.

El ajuste sobre los más chicos se llevó a cabo el 25 de enero pasado cuando las autoridades comunicaron a los trabajadores la nueva modalidad con la que deberán resolver los expedientes en tránsito. Allí se detalló que las liquidaciones a los menores de edad deberán separarse, dar de baja el lote y girar a la oficina 32 para que los doctores los analicen nuevamente caso por caso.

Desde la Agencia Nacional de Discapacidad admitieron a ese medio que esos expedientes "momentáneamente quedarán a la espera de nuevas definiciones",pero mientras tanto a los menores que ya iniciaron el trámite no se les otorgarán más pensiones porque ellos "no tienen incapacidad laboral".

En el documento revelado por el portal de noticias también se detallan los nuevos requerimientos para los casos de pensionados con síndrome de Down. Las autoridades establecieron que deben presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), con un Certificado Médico Oficial (CMO) acompañado de la firma de un neurólogo, psiquiatra, o legista.

Tras tener que dar marcha atrás en 2017, el gobierno de Macri busca ahora otra forma de llevar su ajuste al sistema de Seguridad Social,



En tanto, las personas que padezcan enfermedades como HIV o cáncer también deben pasar por la auditoría médica con la posibilidad de dejar de ser beneficiarios a no ser que demuestren tener comprometido algún órgano blando, es decir, que estén con riesgo de muerte.

El recorte llegó 11 meses después de que la cartera que conduce Stanley intentara privar a 170 mil personas de estas prestaciones, aunque la Sala II de la Cámara Nacional de Seguridad Social obligó al Gobierno a restablecer ese beneficio en noviembre de 2017 por considerar que su quita "vulneraba derechos a la vida autónoma, la salud, la vivienda, la educación y la dignidad inherente a la persona humana".
Tras esa primera derrota legal, el Gobierno busca ahora otra forma de concretar su ajuste en el sistema de seguridad social. El que los 20 mil expedientes vuelvan a ser sometidas a revisión pone un freno a las pensiones que esperan desde hace un año para ser otorgadas, por lo que el otorgamiento de nuevas pensiones se podrían llegar a retrasar entre 2 y 3 años, siempre y cuando cumplan con estos nuevos requisitos.

domingo, 11 de febrero de 2018

Jubilados y Pensionados: $ 100.000.000.000 (Cien mil millones de pesos) es la cifra que MACRI les está saqueando.




Desde hoy rige el saqueo a los jubilados votado en diciembre Se publicó en el Boletín Oficial el decreto que reglamenta la ley que permite extender la edad jubilatoria y recorta $ 100.000 millones anuales en 2018 en gastos de jubilaciones y pensiones. La nueva ley previsional votada a fin de año que implicará un leve aumento en las jubilaciones y las asignaciones por hijo de 5,7 % en marzo de 2018 fue reglamentada hoy a través del decreto 110/2018 publicado en el Boletín Oficial.
 

El Gobierno decidió dejar sin efecto las intimaciones que fueron enviadas antes de la aprobación de la nueva ley a los trabajadores que estaban por jubilarse con 65 años y reunían los 30 años de aportes. Por la nueva ley los trabajadores pueden trabajar hasta los 70 años. De esta manera el decreto habilita al trabajador que quiera “elegir” continuar en su puesto de trabajo en vez de jubilarse pueda hacerlo. Es decir, se autoriza extender la edad jubilatoria. 

El decreto establece que aquellos trabajadores que alcancen los 65 años, tengan 30 años de aportes, no tendrán derecho al pago de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) si eligieron continuar trabajando sin tramitar por un tiempo el alta de su haber jubilatorio. La interpretación previa a la reglamentación era que cualquier persona, si cumplía con la edad, podía gestionar la prestación y seguir trabajando, se postergaba su jubilación en caso de que tuviera cumplidos los requisitos para tramitarla. 

Además, el decreto explicita que no se podrá percibir la PUAM si uno es beneficiario de otra jubilación o pensión. La norma detalla que es incompatible la pensión para el adulto mayor si "la persona tenga derecho en forma simultánea a una jubilación, pensión o retiro, de carácter contributivo o no contributivo, incluso los beneficios que otorgan las Cajas o Institutos provinciales o municipales, no transferidos al Estado Nacional y las Cajas de Profesionales". 

La reglamentación lleva la firma del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y regula los artículos 1, 3, 4, 7, 8 y 9 de la Ley 27.426; y el 13 y el 16 de la Ley 27.260. El primer artículo señala que los beneficios previsionales de quienes cobran reajustes dispuestos por el Programa Nacional de Reparación Histórica, "estarán alcanzados por la movilidad trimestral establecida por el artículo 32 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias". El decreto establece que Anses será la encargada de "fijar los importes mínimos y máximos de la remuneración imponible, como así también el monto mínimo y máximo de los haberes mensuales de las prestaciones pertenecientes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en concordancia con el índice de movilidad que se fije trimestralmente a partir del 1 de marzo de 2018". Además, la Anses "determinará el valor mensual de la Prestación Básica Universal y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, que regirán a partir del 1 de marzo de 2018, y sucesivamente, los valores que correspondan en forma trimestral según la variación del índice de movilidad establecido". 


El organismo "actualizará los montos de las asignaciones familiares y los rangos de ingresos del grupo familiar que determinan el cobro a partir del 1 de marzo de 2018, aplicando la movilidad". Por su parte, la reglamentación indicó que a los beneficios con sentencia firme de reajuste basada en autoridad de cosa juzgada con anterioridad al 1° de marzo de 2018, se les asignará la movilidad mencionada a partir de esa fecha. 

El Gobierno con la nueva ley previsional recortó $ 100.000 millones anuales en 2018 en gastos de jubilaciones y pensiones. La nueva fórmula condena a los jubilados y a los beneficiarios de la AUH a erosionar sus ingresos en el tiempo. Las perdidas promedio anuales para las jubilaciones son mayores a los $6.000 y para las asignaciones se calculan perdidas de $ 1.052 anual.

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