domingo, 10 de septiembre de 2017

Atención Justicia Ordenó Restituir las 83000 PENSIONES dadas de BAJA por MACRI



La Justicia Federal ordenó al gobierno que restablezca “en forma inmediata” las pensiones por discapacidad que habían sido dadas de baja y que afectaron este año a 83.000 personas. Además, dispuso que el Ministerio de Desarrollo Social, organismo responsable, “se abstenga de interrumpir los pagos de dichos beneficios”. La medida cautelar que dictó la jueza federal de seguridad social Adriana Cammarata es de carácter colectivo, tiene alcance nacional a excepción de la ciudad de Viedma, donde se dictó una medida similar, y tendrá vigencia hasta que se dicte sentencia definitiva. La abogada de la asociación Red por los derechos de las personas con discapacidad (REDI) que presentó el amparo, Varina Suleiman, que “tienen que restituir todas las pensiones. Y si son consecuentes con la idea que tienen de lanzar un Plan de Discapacidad, no deberían apelar la medida”, remarcó. En paralelo, el gobierno lanzó la Agencia Nacional de Discapacidad.
Desde la asunción de Cambiemos, el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley comenzó a dar de baja pensiones no contributivas por invalidez valiéndose de un decreto del menemismo de 1997. En junio de este año, los recortes generaron una ola de repudios que se visibilizó durante una masiva marcha en el obelisco, donde personas con discapacidad y organizaciones que las representan reclamaron contra la política discriminadora del ministerio, que finalmente dio marcha atrás con la medida, aunque de manera parcial. A la mayoría de los afectados no le fueron devueltos sus beneficios.

La resolución de Cammarata, del juzgado federal de la seguridad social Nº 8, establece que se “restablezca el pago de las prestaciones no contributivas por incapacidad otorgadas a las personas con discapacidad residentes en todo el territorio de la República Argentina que fueron dadas de baja o suspendidas sin mediar resolución fundada previa en un proceso que garantice el debido proceso”, que incluye “el derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión fundada; o, dictado que hubiese sido, no se hubiese notificado”.
La magistrada también deja constancia de que la medida no alcanza a los titulares del beneficio que “hubiesen renunciado expresamente” ya que la Asociación “no puede invocar un derecho contrario al ejercido individualmente por algún integrante del colectivo; y aunque parezca obvio expresarlo, a los fallecidos”.

La jueza ponderó el “carácter alimentario” de las pensiones “cuyas suspensiones o bajas habrían sido decididas sin previo acto administrativo ni observancia del debido proceso adjetivo” y esa determinación “podría importar la pérdida de prestaciones médicas, farmacológicas y análogas” según el Programa Federal de Salud.

Y dispuso que “una vez firme la presente en lo relativo a la incompetencia planteada, se proceda por Secretaría a efectuar la correspondiente inscripción en el Registro Público de Procesos Colectivos implementado por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Suleiman explicó que el fallo permite que cualquier persona a la que no le hayan restituido su pensión, en cualquier parte del país, se puede presentar bajo este amparo y reclamar su reintegro. “Sólo quedó excluido Viedma porque tiene un juicio iniciado”.

Además, la letrada explicó que “la resolución se aparta de la ley de Medidas Cautelares contra el Estado (26.854) que establece una vigencia de seis meses. La jueza dispuso que el alcance temporario de la cautelar es por tiempo indeterminado, hasta que se dicte la sentencia definitiva, porque tuvo en cuenta la vulnerabilidad del grupo afectado”.

Como el Estado había pedido que se declarara la incompetencia, rechazada por Cammarata, la abogada de REDI advirtió que “es posible que apelen la medida. Eso es una decisión política. Pero sería una incoherencia que un gobierno que dice que va a lanzar un Plan de Discapacidad apele. Demostraría una intención sólo discursiva de satisfacer derechos. Y mostraría una brecha muy grande entre la palabra y la acción. Esperamos que no apelen y que terminen de enmendar el error”, evaluó la abogada.

Suleiman recordó que los recortes que implementó Desarrollo Social “no respetaron la autonomía de las personas. Utilizaron requisitos viejos a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”, y detalló que “cuando entrecruzaron datos, si identificaban que un pariente tenía un auto o algún ingreso daban de baja la pensión”.

El gobierno anterior, a través de distintos programas, había elevado de 350 mil pensiones no contributivas que había en 2003 a 1,6 millones a fines de 2015. Desde la asunción de Cambiemos, la cartera de Desarrollo Social suspendió y eliminó más de 175 mil pensiones no contributivas, de las cuales el 72 por ciento corresponden a coberturas por invalidez. Con el decreto menemista en la mano retiraron pensiones según las condiciones que establecía esa norma: la titularidad de un automóvil que generalmente tiene permiso por discapacidad; o cuando el cónyuge tiene algún beneficio previsional actual; algún ingreso propio o no alcanza 76 por ciento de incapacidad para el acceso a la pensión. Tras la manifestación de personas discapacitadas en el Obelisco el 15 de junio, el gobierno dio marcha atrás y restituyó algunas pensiones.

Pese a no restituir las pensiones por discapacidad, MACRI creó la Agencia Nacional de Discapacidad

El Gobierno puso en marcha la Agencia Nacional de Discapacidad, un organismo que funcionará en el ámbito la Secretaría General de Presidencia y concentrará las políticas destinadas a las personas con discapacidad así como el manejo de asignaciones de determinadas pensiones no contributivas.


La medida se adoptó luego de que la administración nacional expulsara de a Guillermo Badino de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales. Se trata del funcionario que avanzó con el recorte de subsidios por invalidez, una decisión que Cambiemos respaldó bajo el argumento de que durante el kirchnerismo los beneficios crecieron en forma discrecional.
A través del decreto 698/2017, que fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Ejecutivo detalló que la nueva agencia "tendrá a su cargo el diseño, coordinación y ejecución general de las políticas públicas en materia de discapacidad, la elaboración y ejecución de acciones tendientes a promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad".

Además, señala que entre sus atribuciones se encuentra "la conducción del proceso de otorgamiento de las pensiones por invalidez y las emergentes de las Leyes N° 25.869 y N° 26.928 en todo el territorio nacional".
"Resulta necesario centralizar en un único organismo especializado todas las cuestiones vinculadas a las personas en situación de discapacidad, propiciando un conjunto de políticas públicas tendientes a la plena inclusión, en un marco de accesibilidad universal, autonomía e igualdad de oportunidades", remarcó el Gobierno en los fundamentos.


La agencia asumirá, entonces, las funciones que hasta ahora desempeñaba la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Dispacidad (Conadis) y la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales. Ambos cuerpos fueron eliminados hoy por el Gobierno, que además le quitó al Ministerio de Desarrollo Social la competencia de trabajar en políticas orientadas al desarrollo de personas con discapacidad.


La conducción de la Agencia Nacional de Discapacidad estará a cargo de un Director Ejecutivo, con rango y jerarquía de Secretario, y un Subdirector Ejecutivo, con rango y jerarquía de Subsecretario. Ambos serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional. El texto oficial aclara que el organismo "tendrá autarquía económico financiera y personería jurídica propia".

Fuente: http://www.infobae.com/politica/2017/09/06/el-gobierno-creo-un-organismo-para-manejar-las-pensiones-por-discapacidad/


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