La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, afirmó que restablecerán las pensiones por invalidez suspendidas en "solo en aquellos casos donde se pudo haber cometido errores", intentando justificar que se han cometido muy pocos errores.
Las asociaciones que representan a las personas con discapacidad exigieron en carácter urgente dejar sin efecto las 83000 bajas de este año.
Pese a los reclamos el Gobierno no dió marcha atrás con la medida. El reclamo ha llegado a la Justicia, que en todos los casos falló a favor de los beneficiarios, ordenando la inmediata restitución de las pensiones dadas de baja. Sin embargo el Gobierno apeló todos los fallos, incumpliendo las órdenes de los jueces.
El Gobierno afirmaba que iban a hacer una minuciosa investigación caso por caso, esto se verificó en una pequeña porción, lográndose restituir algunas de las pensiones dadas de baja.
Fue inadmisible lo efectuado al realizar una baja masiva sin aviso previo a los beneficiarios, sin tomar en cuenta los daños que ocasionó a los beneficiarios dejándolos en un estado de indefensión total.
La ministra insistió en no dejar sin efecto la medida extrema e indicó que si eras beneficiario de una pensión no contributiva y fuiste dado de baja se podiá llamar al 0800 222 3294, pero aclaró que el tramite de restitución no es automático y está sujeto a revisión del organismo.
También era posible reclamar via el CAL (Centro de Atención Local) más cercano a tu domicilio.
Carolina Stanley intentó justificar en ese entonces el nuevo ajuste practicado sobre algunos de los sectores más vulnerables y consideró que "una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión, Puede trabajar si lo desean".
La funcionaria no sólo simplificó la problemática, ignoró las dificultades que encuentran las personas con síndrome de down para insertarse en el mundo laboral, obvia las condiciones desventajosas de contratación que suelen padecer y les carga a ellos, como si sólo se tratara de si lo desean o no, la posibilidad o no de trabajar.
La funcionaria no sólo simplificó la problemática, ignoró las dificultades que encuentran las personas con síndrome de down para insertarse en el mundo laboral, obvia las condiciones desventajosas de contratación que suelen padecer y les carga a ellos, como si sólo se tratara de si lo desean o no, la posibilidad o no de trabajar.
El funcionario Badino por su parte siguió: "Dimos de baja pensiones a personas que no son inválidos totales y permanentes sino que tienen cierto grado de discapacidad.
Entre las causales de suspensión de una pensión por discapacidad el macrismo determinó que no podrán acceder a ellas:
- Aquella persona con discapacidad cuyo tutor responsable, cónyuge o consanguíneo obligado perciba un ingreso equivalente a tres jubilaciones mínimas, es decir, de 19.200 pesos por mes.
-Quienes tienen un bien a su nombre, como un auto. Independientemente que este sea indispensable para garantizar la movilidad del discapacitado.
- Aquella persona con discapacidad cuyo cónyuge cobre una pensión o jubilación, incluso la mínima de 6.377 pesos. Con este último monto, la norma a la que se ciñe Desarrollo Social considera que un discapacitado y su pareja pueden vivir sin caer en la pobreza.
- Aquella persona con discapacidad cuyo tutor responsable, cónyuge o consanguíneo obligado perciba un ingreso equivalente a tres jubilaciones mínimas, es decir, de 19.200 pesos por mes.
-Quienes tienen un bien a su nombre, como un auto. Independientemente que este sea indispensable para garantizar la movilidad del discapacitado.
- Aquella persona con discapacidad cuyo cónyuge cobre una pensión o jubilación, incluso la mínima de 6.377 pesos. Con este último monto, la norma a la que se ciñe Desarrollo Social considera que un discapacitado y su pareja pueden vivir sin caer en la pobreza.
