sábado, 23 de septiembre de 2017

Fallo Ejemplar: Justicia Obliga al Gobierno a RESTITUIR las PENSIONES por Discapacidad que fueron dadas de BAJA

La Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó al Ministerio de Desarrollo Social restituir las pensiones no contributivas por invalidez que fueron dadas de baja a nivel nacional por esa cartera en el último año y medio.




 La decisión de este tribunal se basa en el amparo colectivo que presentó la Asociación REDI (Red por Personas con Discapacidad) y que había sido otorgado por el Juzgado Federal de la Seguridad Social Número 8. En esa primera sentencia se intimaba a la cartera que conduce Carolina Stanley a que devuelva las pensiones de manera “inmediata”. El Gobierno apeló esa decisión y buscó dejar sin efecto la medida aduciendo que se trata de una cuestión “abstracta”, porque había devuelto 9728 pensiones, aunque el universo de bajas que estima REDI alcanza a más de 170 mil, y cuestionaba la representatividad de la Asociación. La decisión de la Cámara, que firman los camaristas Nora Carmen Dorado y Luis René Herrero, revierte el efecto suspensivo que había logrado Stanley mediante la apelación y vuelve a quedar vigente la obligación de reponer ese derecho a los beneficiarios por discapacidad hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, como la representatividad de REDI. Los alcanzados por el recorte deberán solicitar la reposición de la pensión.





La cautelar presentada por la Asociación REDI había sido otorgada por la jueza Adriana Camaratta, quien una semana después también dio lugar a la apelación del Ministerio de Desarrollo Social con efecto suspensivo sobre su propia orden de que se reestablezcan las pensiones. Este efecto suspensivo implicó dejar sin protección durante el debido proceso judicial a los beneficiarios de las pensiones por invalidez, ya que quedaba abierto el plazo hasta que se expida la Cámara sobre la cuestión de fondo. Ante la posibilidad de que haya habido presiones sobre Camaratta, la Asociación REDI aceleró el proceso en segunda instancia, pero previamente Desarrollo hizo una presentación para evitar que ese tribunal tome el caso, con el fin de ganar tiempo hasta octubre.

“El recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la resolución que hizo lugar a la medida cautelar fue concedido con efecto suspensivo. Es decir que su cumplimiento efectivo quedaría supeditado al dictado de la resolución del último tribunal con posibilidad de conocer en los recursos articulados por las partes (esto es, la Corte Suprema de Justicia de la Nación). Tal eventualidad entrañaría el más absoluto desamparo de los derechos alimentarios e irrenunciables que la medida cautelar despachada en autos procura salvaguardar”, señala el fallo que firman dos de los tres camaristas, ya que “Emilio Fernández no firma por hallarse en uso de licencicia".




En la presentación de REDI se hace hincapié en la “vileza de que se tome el tema en clave electoral”. Sin embargo, mientras que Stanley había prometido que se repondrían las pensiones, utilizó todos los mecanismos necesarios para dilatar ese compromiso. Tras la apelación, el abogado en representación del Ministerio de Desarrollo Social, Patricio Martínez, le envió a la Cámara un escrito en el que intenta convencer al tribunal de segunda instancia de que la causa se ha devenido abstracta porque ya se habían rehabilitados las pensiones previo al fallo original. Para argumentar que hubo restitución de ese derecho, se adosaron dos listados que enumeran 9728 pensiones rehabilitadas, un 7,7 por ciento del total que se había dado de baja, que REDI estima en 170 mil, de los cuales el 72 por ciento son por incapacidad. A esa situación se sumó que el Gobierno se niega a dar las cifras de bajas.

jueves, 21 de septiembre de 2017

ONU: Michetti manifiesta “profundo compromiso” con las personas con discapacidad, aunque las pensiones siguen sin ser restituidas

Al mismo tiempo que el Gobierno apeló y frenó el fallo que lo obligaba a restablecer las pensiones por invalidez, la vicepresidenta Gabriela Michetti manifestó durante su exposición en la Asamblea de Naciones Unidas un “profundo compromiso” con las personas con discapacidad.



“Nuestro Gobierno ha puesto especial énfasis en los compromisos asumidos con la comunidad internacional en el marco de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad incorporada con rango consitucional en 2014”, expresó Michetti desde la tribuna internacional de la ONU.



“Quiero expresar en este ámbito, el profundo compromiso quie el presidente Macri y yo tenemos en transformar la mirada que aún es distorsionada en nuestra cultura sobre la discapacidad”, agregó tras mencionar la creación de una agencia nacional “abocada a la coordinación de las políticas para las personas con discapacidad”.

“La nuestra debería ser, en definitiva, una obra de amor”, indicó en otro tramo de su discurso.

En el plano local, el Gobierno apeló la orden de la Justicia de reponer las pensiones por invalidez que había quitado “por error administrativo”.

Pese a que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, había asegurado que daría de alta la pensión a todos los que habían sufrido la suspensión o eliminación, más de cien mil titulares siguen sin recibir la prestación.

Según datos de Fundación Soberanía Sanitaria, la cifra ascendía a más de 175 mil.

“La apelación es una clara demostración de la falta de voluntad política de cumplir con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que, bajo el modelo social de discapacidad, reconoce el derecho a la protección social y a la vida autónoma (art. 28 y 19)”, comunicó la Asociación REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad) -que presentó la apelación antes mencionada- luego de conocerse la medida judicial.

Ana Dones, miembro de la Comisión Directiva de REDI aseguró que “esto demuestra claramente la intención política del gobierno de terminar con las pensiones no contributivas, con el nuevo plan de discapacidad y la nueva agencia que acaban de realizar. Esto va a ser una tragedia para las personas con discapacidad”.



Detalló que “es una decisión política, acá hay una medida perversa de llevar a este colectivo a la situación más terrible de no sobrevivencia”.

“Por ejemplo, hoy una persona con audífonos tiene certificado de discapacidad; mañana no lo va a tener. Hoy una persona que le falta un ojo tiene certificado de discapacidad, mañana no lo va a tener”, subrayó.

Y denunció: “Están yendo por el grupo más vulnerable que existe”.

“Ante un mercado capitalista feroz como hoy hay, el solo pensar que un empresario va a tomar a una persona para trabajar, la cual sospecha que le va a traer problema, es ridículo. No se dan cuenta que están incumpliendo con la ley mayor que es la Convención que Argentina ratificó y le dio rango constitucional, o sea, es incumplir con la Constitución, pero a esta gente no le importa nada”, finalizó Dones.

jueves, 14 de septiembre de 2017

El Gobierno no quiere restituir las pensiones que les quitó a las personas con discapacidad.


El Gobierno frenó el fallo que lo obligaba a restablecer las pensiones por invalidez



Tras el contundente rechazo que generó la baja de 170 mil pensiones, el Gobierno había prometido restablecer ese derecho, aunque todavía había más de 100 mil casos en los que no había sucedido a pesar del fallo de la Justicia a favor de los damnificados. Sin embargo, el Ejecutivo apeló a la determinación y consiguió no tener que pagarlas. 
El Ejecutivo apeló la medida cautelar dictada a nivel nacional a favor de los perjudicados por el recorte de las pensiones por invalidez, que obligaba al Gobierno a restituir ese derecho de manera inmediata.

A pesar de que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, había asegurado que se trataba de un "error administrativo" y que daría de alta el beneficio a todos los que habían sufrido la suspensión o eliminación, más de cien mil personas siguen sin recibir la prestación. 

Esta vez, el Gobierno apeló a la orden de la justicia de reponer los pagos de las pensiones. Por su parte, la jueza Adriana Camaratta, titular del Tribunal Nº 8 del juzgado de la Seguridad Social, otorgó la apelación con efecto suspensivo, por lo que ña cautelar no se aplica hasta tanto el tema se trate en la Cámara de Apelaciones.

Desarrollo Social restableció hasta el momento la mayoría de las pensiones suspendidas este año, pero dejó sin reponer las quitadas en 2016. Según informaron desde la propia cartera que conduce Stanley a través de un comunicado, el año pasado se eliminaron 90.000 pensiones no contributivas.

Según informaron desde la Fundación Soberanía Sanitaria, con la aceleración del proceso de eliminación y suspensión desde comienzos de 2017, la cifra ascendía a más de 175 mil, de los cuales el 72 por ciento corresponde a casos por invalidez, quienes además deben afrontar gastos de salud y sanitarios de hasta 40.000 pesos mensuales. 
Además, al darse de baja o suspenderse ese ingreso, también se interrumpen los planes de cobertura que brinda el Ministerio de Salud, tales como tratamientos de diálisis para las personas con insuficiencia renal crónica y farmacológicos inmunosupresores para pacientes trasplantados.

El Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 8, a cargo de la jueza Camaratta, había dado lugar a un pedido efectuado por la Red de Personas con Discapacidad (Asociación REDI) y ordenó al Ministerio de Desarrollo Social el restablecimiento de las pensiones de forma “inmediata”, en aquellos casos en que hubieran sido suspendidas “sin mediar resolución fundada previa”.

“Había sido un fallo ejemplificador y bajo duros términos, por lo que no entendemos que ahora acepte la apelación con carácter suspensivo sobre la cautelar”, explicó a Página 12 la abogada de REDI, Varina Suleiman. La apelación era esperada por los abogados de REDI, pese a que Stanley insistió en que se daría marcha atrás con el recorte de pensiones por invalidez, aunque lo más indignante fue la determinación de que se suspenda la cobertura legal a los damnificados hasta que la Cámara decida sobre el tema.


domingo, 10 de septiembre de 2017

Atención Justicia Ordenó Restituir las 83000 PENSIONES dadas de BAJA por MACRI



La Justicia Federal ordenó al gobierno que restablezca “en forma inmediata” las pensiones por discapacidad que habían sido dadas de baja y que afectaron este año a 83.000 personas. Además, dispuso que el Ministerio de Desarrollo Social, organismo responsable, “se abstenga de interrumpir los pagos de dichos beneficios”. La medida cautelar que dictó la jueza federal de seguridad social Adriana Cammarata es de carácter colectivo, tiene alcance nacional a excepción de la ciudad de Viedma, donde se dictó una medida similar, y tendrá vigencia hasta que se dicte sentencia definitiva. La abogada de la asociación Red por los derechos de las personas con discapacidad (REDI) que presentó el amparo, Varina Suleiman, que “tienen que restituir todas las pensiones. Y si son consecuentes con la idea que tienen de lanzar un Plan de Discapacidad, no deberían apelar la medida”, remarcó. En paralelo, el gobierno lanzó la Agencia Nacional de Discapacidad.
Desde la asunción de Cambiemos, el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley comenzó a dar de baja pensiones no contributivas por invalidez valiéndose de un decreto del menemismo de 1997. En junio de este año, los recortes generaron una ola de repudios que se visibilizó durante una masiva marcha en el obelisco, donde personas con discapacidad y organizaciones que las representan reclamaron contra la política discriminadora del ministerio, que finalmente dio marcha atrás con la medida, aunque de manera parcial. A la mayoría de los afectados no le fueron devueltos sus beneficios.

La resolución de Cammarata, del juzgado federal de la seguridad social Nº 8, establece que se “restablezca el pago de las prestaciones no contributivas por incapacidad otorgadas a las personas con discapacidad residentes en todo el territorio de la República Argentina que fueron dadas de baja o suspendidas sin mediar resolución fundada previa en un proceso que garantice el debido proceso”, que incluye “el derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión fundada; o, dictado que hubiese sido, no se hubiese notificado”.
La magistrada también deja constancia de que la medida no alcanza a los titulares del beneficio que “hubiesen renunciado expresamente” ya que la Asociación “no puede invocar un derecho contrario al ejercido individualmente por algún integrante del colectivo; y aunque parezca obvio expresarlo, a los fallecidos”.

La jueza ponderó el “carácter alimentario” de las pensiones “cuyas suspensiones o bajas habrían sido decididas sin previo acto administrativo ni observancia del debido proceso adjetivo” y esa determinación “podría importar la pérdida de prestaciones médicas, farmacológicas y análogas” según el Programa Federal de Salud.

Y dispuso que “una vez firme la presente en lo relativo a la incompetencia planteada, se proceda por Secretaría a efectuar la correspondiente inscripción en el Registro Público de Procesos Colectivos implementado por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Suleiman explicó que el fallo permite que cualquier persona a la que no le hayan restituido su pensión, en cualquier parte del país, se puede presentar bajo este amparo y reclamar su reintegro. “Sólo quedó excluido Viedma porque tiene un juicio iniciado”.

Además, la letrada explicó que “la resolución se aparta de la ley de Medidas Cautelares contra el Estado (26.854) que establece una vigencia de seis meses. La jueza dispuso que el alcance temporario de la cautelar es por tiempo indeterminado, hasta que se dicte la sentencia definitiva, porque tuvo en cuenta la vulnerabilidad del grupo afectado”.

Como el Estado había pedido que se declarara la incompetencia, rechazada por Cammarata, la abogada de REDI advirtió que “es posible que apelen la medida. Eso es una decisión política. Pero sería una incoherencia que un gobierno que dice que va a lanzar un Plan de Discapacidad apele. Demostraría una intención sólo discursiva de satisfacer derechos. Y mostraría una brecha muy grande entre la palabra y la acción. Esperamos que no apelen y que terminen de enmendar el error”, evaluó la abogada.

Suleiman recordó que los recortes que implementó Desarrollo Social “no respetaron la autonomía de las personas. Utilizaron requisitos viejos a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”, y detalló que “cuando entrecruzaron datos, si identificaban que un pariente tenía un auto o algún ingreso daban de baja la pensión”.

El gobierno anterior, a través de distintos programas, había elevado de 350 mil pensiones no contributivas que había en 2003 a 1,6 millones a fines de 2015. Desde la asunción de Cambiemos, la cartera de Desarrollo Social suspendió y eliminó más de 175 mil pensiones no contributivas, de las cuales el 72 por ciento corresponden a coberturas por invalidez. Con el decreto menemista en la mano retiraron pensiones según las condiciones que establecía esa norma: la titularidad de un automóvil que generalmente tiene permiso por discapacidad; o cuando el cónyuge tiene algún beneficio previsional actual; algún ingreso propio o no alcanza 76 por ciento de incapacidad para el acceso a la pensión. Tras la manifestación de personas discapacitadas en el Obelisco el 15 de junio, el gobierno dio marcha atrás y restituyó algunas pensiones.

Pese a no restituir las pensiones por discapacidad, MACRI creó la Agencia Nacional de Discapacidad

El Gobierno puso en marcha la Agencia Nacional de Discapacidad, un organismo que funcionará en el ámbito la Secretaría General de Presidencia y concentrará las políticas destinadas a las personas con discapacidad así como el manejo de asignaciones de determinadas pensiones no contributivas.


La medida se adoptó luego de que la administración nacional expulsara de a Guillermo Badino de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales. Se trata del funcionario que avanzó con el recorte de subsidios por invalidez, una decisión que Cambiemos respaldó bajo el argumento de que durante el kirchnerismo los beneficios crecieron en forma discrecional.
A través del decreto 698/2017, que fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Ejecutivo detalló que la nueva agencia "tendrá a su cargo el diseño, coordinación y ejecución general de las políticas públicas en materia de discapacidad, la elaboración y ejecución de acciones tendientes a promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad".

Además, señala que entre sus atribuciones se encuentra "la conducción del proceso de otorgamiento de las pensiones por invalidez y las emergentes de las Leyes N° 25.869 y N° 26.928 en todo el territorio nacional".
"Resulta necesario centralizar en un único organismo especializado todas las cuestiones vinculadas a las personas en situación de discapacidad, propiciando un conjunto de políticas públicas tendientes a la plena inclusión, en un marco de accesibilidad universal, autonomía e igualdad de oportunidades", remarcó el Gobierno en los fundamentos.


La agencia asumirá, entonces, las funciones que hasta ahora desempeñaba la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Dispacidad (Conadis) y la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales. Ambos cuerpos fueron eliminados hoy por el Gobierno, que además le quitó al Ministerio de Desarrollo Social la competencia de trabajar en políticas orientadas al desarrollo de personas con discapacidad.


La conducción de la Agencia Nacional de Discapacidad estará a cargo de un Director Ejecutivo, con rango y jerarquía de Secretario, y un Subdirector Ejecutivo, con rango y jerarquía de Subsecretario. Ambos serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional. El texto oficial aclara que el organismo "tendrá autarquía económico financiera y personería jurídica propia".

Fuente: http://www.infobae.com/politica/2017/09/06/el-gobierno-creo-un-organismo-para-manejar-las-pensiones-por-discapacidad/


Comentarios