“Nuestro Gobierno ha puesto especial énfasis en los compromisos asumidos con la comunidad internacional en el marco de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad incorporada con rango consitucional en 2014”, expresó Michetti desde la tribuna internacional de la ONU.
“Quiero expresar en este ámbito, el profundo compromiso quie el presidente Macri y yo tenemos en transformar la mirada que aún es distorsionada en nuestra cultura sobre la discapacidad”, agregó tras mencionar la creación de una agencia nacional “abocada a la coordinación de las políticas para las personas con discapacidad”.
“La nuestra debería ser, en definitiva, una obra de amor”, indicó en otro tramo de su discurso.
En el plano local, el Gobierno apeló la orden de la Justicia de reponer las pensiones por invalidez que había quitado “por error administrativo”.
Pese a que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, había asegurado que daría de alta la pensión a todos los que habían sufrido la suspensión o eliminación, más de cien mil titulares siguen sin recibir la prestación.
Según datos de Fundación Soberanía Sanitaria, la cifra ascendía a más de 175 mil.
“La apelación es una clara demostración de la falta de voluntad política de cumplir con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que, bajo el modelo social de discapacidad, reconoce el derecho a la protección social y a la vida autónoma (art. 28 y 19)”, comunicó la Asociación REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad) -que presentó la apelación antes mencionada- luego de conocerse la medida judicial.
Ana Dones, miembro de la Comisión Directiva de REDI aseguró que “esto demuestra claramente la intención política del gobierno de terminar con las pensiones no contributivas, con el nuevo plan de discapacidad y la nueva agencia que acaban de realizar. Esto va a ser una tragedia para las personas con discapacidad”.
Detalló que “es una decisión política, acá hay una medida perversa de llevar a este colectivo a la situación más terrible de no sobrevivencia”.
“Por ejemplo, hoy una persona con audífonos tiene certificado de discapacidad; mañana no lo va a tener. Hoy una persona que le falta un ojo tiene certificado de discapacidad, mañana no lo va a tener”, subrayó.
Y denunció: “Están yendo por el grupo más vulnerable que existe”.
“Ante un mercado capitalista feroz como hoy hay, el solo pensar que un empresario va a tomar a una persona para trabajar, la cual sospecha que le va a traer problema, es ridículo. No se dan cuenta que están incumpliendo con la ley mayor que es la Convención que Argentina ratificó y le dio rango constitucional, o sea, es incumplir con la Constitución, pero a esta gente no le importa nada”, finalizó Dones.
