Un grupo de asociaciones, más la APA y la Escuela Lacaniana cuestionan un proyecto del Ministerio de Salud de la Nación. Dicen que modifica el espíritu original de la ley. La Asociación de Psiquiatras la apoya. La respuesta oficial.
El Ministerio de Salud de la Nación redactó un proyecto de reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 que genera polémica. Según algunos los especialistas, “es considerada en la actualidad la mejor ley de salud mental del mundo”. Más de 50 organizaciones, cátedras y asociaciones dedicadas al tema solicitaron que el Ejecutivo no firme ese decreto “por el que se pretende dar un giro rotundo en la política de salud mental”. Otros, como la Asociación de Psiquiatras Argentinos, "es un avance". Desde el Ministerio salieron a aclarar que el proyecto "es un borrador" y que la reforma está en debate.
“El Gobierno Nacional pretende modificar la Ley Nacional de Salud Mental mediante un decreto del Poder Ejecutivo, lo cual es una derogación encubierta de la misma. Esto significaría un grave retroceso en cuanto a la perspectiva de Derechos Humanos de la ley que protege a los usuarios de salud mental en nuestro país", dice un comunicado de más de 50 organizaciones.
Las organizaciones --entre las que están la Federación de Psicólogos de la República Argentina (FePRA), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM)-- resaltan los “puntos más preocupantes” del decreto: “Modifica la concepción de la salud mental como un proceso multideterminado por componentes históricos, socio económicos, culturales, biológicos y psicológicos, y reinstala el modelo médico hegemónico de perspectiva biologicista”. Afirma además que “reinstala el manicomio bajo el nombre de 'hospitales especializados en psiquiatría y salud mental' y admite el aislamiento pleno de personas a quienes vuelve a considerar 'enfermos' y habilita tratamientos en comunidades cerradas para las personas con consumo de drogas”.
Desde la Asociación de Psiquiatras afirman que la reglamentación en curso "es un avance que mejora aspectos de la ley, al dar precisiones indispensables que faltaban en el anterior instrumento; atiende al principio de congruencia normativa con otras leyes que regulan aspectos que atañen al campo de la Salud en general y de la Salud Mental en particular (derechos consagrados en nuestra legislación y en la legislación internacional, incumbencias profesionales, normativas de gestión, etc…) , de la cual no se aparta; facilita la práctica clínica relacionada con los derechos de los pacientes y su familia".
Y agrega que es "indispensable la pronta e inmediata implementación de la financiación del área, e instamos a la búsqueda de consensos para un desempeño mancomunado con todos los participantes del campo de la Salud Mental a fin de trabajar en conjunto y armónicamente, poniendo el objetivo principal en lo que es la misión de todos: la salud de nuestro pueblo".
Desde la Asociación Psicoanalítica Argentina y la Escuela de Orientación Lacaniana, criticaron tanto la ley sancionada como la propuesta de reglamentación: "Se trata de un modelo biomédico-tecnológico como perspectiva dominante. No obstante también consideramos que la Ley Nacional de Salud Mental por el acento puesto en los derechos humanos puede presentar desvíos que tienden a una judicialización de la práctica en desmedro de la clínica, entendemos que la reglamentación no sólo no corrige dichos desvíos sino que tampoco garantiza los derechos individuales".
“Este proyecto de reglamentación tiene problemas de forma y fondo --asegura por su parte Marisa Herrera, investigadora del CONICET--. Nunca un decreto reglamentario del Ejecutivo puede modificar una ley ”.
