Bajo el argumento de una "mayor inclusión de los alumnos con discapacidades", el gobierno bonaerense quiere avanzar con un plan de vaciamiento de las escuelas especiales, con el objetivo final de eliminar esa modalidad en el mediano plazo.
El recorte ya comenzó en el municipio de Morón.
Esto que supone un grave perjuicio para algunos de los chicos que concurren a esos establecimientos y la pérdida de cargos docentes, en un segmento de alta especialización.
En diciembre del año pasado el ministro de Educación, Gabriel Sanchez Zinny, firmó la resolución 1664/17, que lleva como título: "Educación Inclusiva de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y jóvenes-adultos con discapacidad en la provincia de Buenos Aires”.
Según se explicó desde el portal ABC, eso "constituye un nuevo marco legal para la incorporación de estos estudiantes a cualquier institución educativa, según el Nivel o Modalidad que corresponda".
En realidad la norma aprobada no determina especificidades para el abordaje y tratamiento de los alumnos con discapacidades, solo promete su inclusión en los establecimientos regulares.
También dispone que no habrá currículas paralelas y se limita a aclarar que "cuando sea necesario la escuela del Nivel (Inicial, Primario o Secundario) pedirá la intervención de los Equipos de Orientación Escolar o Educación Especial".
Es decir que todo el andamiaje teórico que sostiene la resolución presupone que el trabajo que se realiza en las escuelas especiales, a las que asisten más de 50 mil alumnos de toda la provincia es innecesario porque solo a veces y en casos puntuales se requeriría la intervención de un especialista o un tratamiento particular del caso.
El documento que como anexo de la Resolución ministerial desarrolla los conceptos a aplicarse, es un compendio de buenas intenciones y referencias vacías que hablan de "acuerdos institucionales de articulación intra/inter-institucionales e intersectoriales que promueven la participación y la co-responsabilidad", o sea la nada misma.
Desde la Dirección General de Cultura y Educación indicaron que el objetivo no es el cierre de los establecimientos, sino una mayor libertad de las familias para que la elección de escuela para los chicos no esté condicionada por su discapacidad.
Sin embargo, la puesta en marcha del nuevo modelo genera más dudas que certezas por la falta de capacitación para los docentes y de adaptación de la infraestructura escolar a la condiciones de los alumnos especiales.
Advirtieron que "si bien conceptualmente fomentar la inclusión en escuelas regulares es correcto, hacerlo sin una planificación de mediano y largo plazo, y sin garantizar la condiciones mínimas podría ser contraproducente para los alumnos y también para los maestros que podrían no estar preparados para abordar una situación de esa naturaleza".
La verdad es que la resolución garantiza la matriculación y garantiza la eliminación de trabas administrativas para los alumnos con discapacidad, y sugiere que la decisión sobre el trayecto educativo de cada uno debe definirse en acuerdo con los padres.
Es decir que el Estado está al borde de hacerle a decenas de familias una promesa que quizá no pueda cumplir por las condiciones en las que se encuentran las escuelas.
Además en la política de ajuste educativo que viene aplicando María Eugenia Vidal, con un intento de cerrar ocho escuelas en el Delta y otras 49 en zonas rurales de la provincia, es lógico suponer que las autoridades intentarán transferir la mayor cantidad de matrícula para cerrar los establecimientos especiales, que por sus características son sensiblemente más costosos que una escuela regular.
La medida a aplicarse sería la misma que en otros casos, e incluiría fusión de cursos, cierre de escuelas por baja matrícula y traslado de alumnos a otros establecimientos. Sin ir más lejos, a fines de febrero el Concejo Deliberante de Morón denunció un recorte del municipio en escuelas especiales.
Esto se traduce en recortar la oferta de ese segmento, sin darles la chance a los padres de chicos con discapacidad que optan por escuelas regulares, que puedan retornar si el modelo fracasa, porque el establecimiento al que hoy envían a sus hijos ya no estará funcionando.
