ONU: Michetti manifiesta “profundo compromiso” con las personas con discapacidad, aunque las pensiones siguen sin ser restituidas

Al mismo tiempo que el Gobierno apeló y frenó el fallo que lo obligaba a restablecer las pensiones por invalidez, la vicepresidenta Gabriela Michetti manifestó durante su exposición en la Asamblea de Naciones Unidas un “profundo compromiso” con las personas con discapacidad.

“Nuestro Gobierno ha puesto especial énfasis en los compromisos asumidos con la comunidad internacional en el marco de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad incorporada con rango consitucional en 2014”, expresó Michetti desde la tribuna internacional de la ONU.



“Quiero expresar en este ámbito, el profundo compromiso quie el presidente Macri y yo tenemos en transformar la mirada que aún es distorsionada en nuestra cultura sobre la discapacidad”, agregó tras mencionar la creación de una agencia nacional “abocada a la coordinación de las políticas para las personas con discapacidad”.

“La nuestra debería ser, en definitiva, una obra de amor”, indicó en otro tramo de su discurso.

En el plano local, el Gobierno apeló la orden de la Justicia de reponer las pensiones por invalidez que había quitado “por error administrativo”.

Pese a que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, había asegurado que daría de alta la pensión a todos los que habían sufrido la suspensión o eliminación, más de cien mil titulares siguen sin recibir la prestación.

Según datos de Fundación Soberanía Sanitaria, la cifra ascendía a más de 175 mil.

“La apelación es una clara demostración de la falta de voluntad política de cumplir con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que, bajo el modelo social de discapacidad, reconoce el derecho a la protección social y a la vida autónoma (art. 28 y 19)”, comunicó la Asociación REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad) -que presentó la apelación antes mencionada- luego de conocerse la medida judicial.

Ana Dones, miembro de la Comisión Directiva de REDI aseguró que “esto demuestra claramente la intención política del gobierno de terminar con las pensiones no contributivas, con el nuevo plan de discapacidad y la nueva agencia que acaban de realizar. Esto va a ser una tragedia para las personas con discapacidad”.



Detalló que “es una decisión política, acá hay una medida perversa de llevar a este colectivo a la situación más terrible de no sobrevivencia”.

“Por ejemplo, hoy una persona con audífonos tiene certificado de discapacidad; mañana no lo va a tener. Hoy una persona que le falta un ojo tiene certificado de discapacidad, mañana no lo va a tener”, subrayó.

Y denunció: “Están yendo por el grupo más vulnerable que existe”.

“Ante un mercado capitalista feroz como hoy hay, el solo pensar que un empresario va a tomar a una persona para trabajar, la cual sospecha que le va a traer problema, es ridículo. No se dan cuenta que están incumpliendo con la ley mayor que es la Convención que Argentina ratificó y le dio rango constitucional, o sea, es incumplir con la Constitución, pero a esta gente no le importa nada”, finalizó Dones.

El Gobierno no quiere restituir las pensiones que les quitó a las personas con discapacidad.

El Gobierno frenó el fallo que lo obligaba a restablecer las pensiones por invalidez

Tras el contundente rechazo que generó la baja de 170 mil pensiones, el Gobierno había prometido restablecer ese derecho, aunque todavía había más de 100 mil casos en los que no había sucedido a pesar del fallo de la Justicia a favor de los damnificados. Sin embargo, el Ejecutivo apeló a la determinación y consiguió no tener que pagarlas. 

El Ejecutivo apeló la medida cautelar dictada a nivel nacional a favor de los perjudicados por el recorte de las pensiones por invalidez, que obligaba al Gobierno a restituir ese derecho de manera inmediata.

A pesar de que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, había asegurado que se trataba de un "error administrativo" y que daría de alta el beneficio a todos los que habían sufrido la suspensión o eliminación, más de cien mil personas siguen sin recibir la prestación. 

Esta vez, el Gobierno apeló a la orden de la justicia de reponer los pagos de las pensiones. Por su parte, la jueza Adriana Camaratta, titular del Tribunal Nº 8 del juzgado de la Seguridad Social, otorgó la apelación con efecto suspensivo, por lo que ña cautelar no se aplica hasta tanto el tema se trate en la Cámara de Apelaciones.

Desarrollo Social restableció hasta el momento la mayoría de las pensiones suspendidas este año, pero dejó sin reponer las quitadas en 2016. Según informaron desde la propia cartera que conduce Stanley a través de un comunicado, el año pasado se eliminaron 90.000 pensiones no contributivas.

Según informaron desde la Fundación Soberanía Sanitaria, con la aceleración del proceso de eliminación y suspensión desde comienzos de 2017, la cifra ascendía a más de 175 mil, de los cuales el 72 por ciento corresponde a casos por invalidez, quienes además deben afrontar gastos de salud y sanitarios de hasta 40.000 pesos mensuales. 

Además, al darse de baja o suspenderse ese ingreso, también se interrumpen los planes de cobertura que brinda el Ministerio de Salud, tales como tratamientos de diálisis para las personas con insuficiencia renal crónica y farmacológicos inmunosupresores para pacientes trasplantados.

El Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 8, a cargo de la jueza Camaratta, había dado lugar a un pedido efectuado por la Red de Personas con Discapacidad (Asociación REDI) y ordenó al Ministerio de Desarrollo Social el restablecimiento de las pensiones de forma “inmediata”, en aquellos casos en que hubieran sido suspendidas “sin mediar resolución fundada previa”.

“Había sido un fallo ejemplificador y bajo duros términos, por lo que no entendemos que ahora acepte la apelación con carácter suspensivo sobre la cautelar”, explicó a Página 12 la abogada de REDI, Varina Suleiman. La apelación era esperada por los abogados de REDI, pese a que Stanley insistió en que se daría marcha atrás con el recorte de pensiones por invalidez, aunque lo más indignante fue la determinación de que se suspenda la cobertura legal a los damnificados hasta que la Cámara decida sobre el tema.

Atención Justicia Ordenó Restituir las 83000 PENSIONES dadas de BAJA por MACRI

La Justicia Federal ordenó al gobierno que restablezca “en forma inmediata” las pensiones por discapacidad que habían sido dadas de baja y que afectaron este año a 83.000 personas. Además, dispuso que el Ministerio de Desarrollo Social, organismo responsable, “se abstenga de interrumpir los pagos de dichos beneficios”. La medida cautelar que dictó la jueza federal de seguridad social Adriana Cammarata es de carácter colectivo, tiene alcance nacional a excepción de la ciudad de Viedma, donde se dictó una medida similar, y tendrá vigencia hasta que se dicte sentencia definitiva. La abogada de la asociación Red por los derechos de las personas con discapacidad (REDI) que presentó el amparo, Varina Suleiman, que “tienen que restituir todas las pensiones. Y si son consecuentes con la idea que tienen de lanzar un Plan de Discapacidad, no deberían apelar la medida”, remarcó. En paralelo, el gobierno lanzó la Agencia Nacional de Discapacidad.

Desde la asunción de Cambiemos, el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley comenzó a dar de baja pensiones no contributivas por invalidez valiéndose de un decreto del menemismo de 1997. En junio de este año, los recortes generaron una ola de repudios que se visibilizó durante una masiva marcha en el obelisco, donde personas con discapacidad y organizaciones que las representan reclamaron contra la política discriminadora del ministerio, que finalmente dio marcha atrás con la medida, aunque de manera parcial. A la mayoría de los afectados no le fueron devueltos sus beneficios.

La resolución de Cammarata, del juzgado federal de la seguridad social Nº 8, establece que se “restablezca el pago de las prestaciones no contributivas por incapacidad otorgadas a las personas con discapacidad residentes en todo el territorio de la República Argentina que fueron dadas de baja o suspendidas sin mediar resolución fundada previa en un proceso que garantice el debido proceso”, que incluye “el derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión fundada; o, dictado que hubiese sido, no se hubiese notificado”.

La magistrada también deja constancia de que la medida no alcanza a los titulares del beneficio que “hubiesen renunciado expresamente” ya que la Asociación “no puede invocar un derecho contrario al ejercido individualmente por algún integrante del colectivo; y aunque parezca obvio expresarlo, a los fallecidos”.

La jueza ponderó el “carácter alimentario” de las pensiones “cuyas suspensiones o bajas habrían sido decididas sin previo acto administrativo ni observancia del debido proceso adjetivo” y esa determinación “podría importar la pérdida de prestaciones médicas, farmacológicas y análogas” según el Programa Federal de Salud.

Y dispuso que “una vez firme la presente en lo relativo a la incompetencia planteada, se proceda por Secretaría a efectuar la correspondiente inscripción en el Registro Público de Procesos Colectivos implementado por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Suleiman explicó que el fallo permite que cualquier persona a la que no le hayan restituido su pensión, en cualquier parte del país, se puede presentar bajo este amparo y reclamar su reintegro. “Sólo quedó excluido Viedma porque tiene un juicio iniciado”.

Además, la letrada explicó que “la resolución se aparta de la ley de Medidas Cautelares contra el Estado (26.854) que establece una vigencia de seis meses. La jueza dispuso que el alcance temporario de la cautelar es por tiempo indeterminado, hasta que se dicte la sentencia definitiva, porque tuvo en cuenta la vulnerabilidad del grupo afectado”.

Como el Estado había pedido que se declarara la incompetencia, rechazada por Cammarata, la abogada de REDI advirtió que “es posible que apelen la medida. Eso es una decisión política. Pero sería una incoherencia que un gobierno que dice que va a lanzar un Plan de Discapacidad apele. Demostraría una intención sólo discursiva de satisfacer derechos. Y mostraría una brecha muy grande entre la palabra y la acción. Esperamos que no apelen y que terminen de enmendar el error”, evaluó la abogada.

Suleiman recordó que los recortes que implementó Desarrollo Social “no respetaron la autonomía de las personas. Utilizaron requisitos viejos a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”, y detalló que “cuando entrecruzaron datos, si identificaban que un pariente tenía un auto o algún ingreso daban de baja la pensión”.

El gobierno anterior, a través de distintos programas, había elevado de 350 mil pensiones no contributivas que había en 2003 a 1,6 millones a fines de 2015. Desde la asunción de Cambiemos, la cartera de Desarrollo Social suspendió y eliminó más de 175 mil pensiones no contributivas, de las cuales el 72 por ciento corresponden a coberturas por invalidez. Con el decreto menemista en la mano retiraron pensiones según las condiciones que establecía esa norma: la titularidad de un automóvil que generalmente tiene permiso por discapacidad; o cuando el cónyuge tiene algún beneficio previsional actual; algún ingreso propio o no alcanza 76 por ciento de incapacidad para el acceso a la pensión. Tras la manifestación de personas discapacitadas en el Obelisco el 15 de junio, el gobierno dio marcha atrás y restituyó algunas pensiones.

Pese a no restituir las pensiones por discapacidad, MACRI creó la Agencia Nacional de Discapacidad

El Gobierno puso en marcha la Agencia Nacional de Discapacidad, un organismo que funcionará en el ámbito la Secretaría General de Presidencia y concentrará las políticas destinadas a las personas con discapacidad así como el manejo de asignaciones de determinadas pensiones no contributivas.

La medida se adoptó luego de que la administración nacional expulsara de a Guillermo Badino de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales. Se trata del funcionario que avanzó con el recorte de subsidios por invalidez, una decisión que Cambiemos respaldó bajo el argumento de que durante el kirchnerismo los beneficios crecieron en forma discrecional.
A través del decreto 698/2017, que fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Ejecutivo detalló que la nueva agencia "tendrá a su cargo el diseño, coordinación y ejecución general de las políticas públicas en materia de discapacidad, la elaboración y ejecución de acciones tendientes a promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad".

Además, señala que entre sus atribuciones se encuentra "la conducción del proceso de otorgamiento de las pensiones por invalidez y las emergentes de las Leyes N° 25.869 y N° 26.928 en todo el territorio nacional".
"Resulta necesario centralizar en un único organismo especializado todas las cuestiones vinculadas a las personas en situación de discapacidad, propiciando un conjunto de políticas públicas tendientes a la plena inclusión, en un marco de accesibilidad universal, autonomía e igualdad de oportunidades", remarcó el Gobierno en los fundamentos.

La agencia asumirá, entonces, las funciones que hasta ahora desempeñaba la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Dispacidad (Conadis) y la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales. Ambos cuerpos fueron eliminados hoy por el Gobierno, que además le quitó al Ministerio de Desarrollo Social la competencia de trabajar en políticas orientadas al desarrollo de personas con discapacidad.


La conducción de la Agencia Nacional de Discapacidad estará a cargo de un Director Ejecutivo, con rango y jerarquía de Secretario, y un Subdirector Ejecutivo, con rango y jerarquía de Subsecretario. Ambos serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional. El texto oficial aclara que el organismo "tendrá autarquía económico financiera y personería jurídica propia".

Fuente: http://www.infobae.com/politica/2017/09/06/el-gobierno-creo-un-organismo-para-manejar-las-pensiones-por-discapacidad/

QUITA de PENSIONES: MACRI dezplazó al funcionario que avanzó con la quita de pensiones por invalidez

Tras haberse filtrado información acerca de que el Ministerio de Desarrollo Social prepararía otra modificación de las condiciones para otorgar pensiones por invalidez que dejaría sin prestación a las personas que no sean consideradas estrictamente discapacitadas, como aquellas que padecen cáncer, HIV, diabetes o chagas, enfermedades que si bien afectan su inserción en el mercado laboral, no les permiten acceder a ese certificado. Se vería reflejado en otra nueva baja masiva en pensiones por invalidez.

En torno a lo sucedido desplazan al funcionario que avanzó con la quita de pensiones por invalidez.
Se trata de Guillermo Badino. El manejo del área quedará a cargo de la vicepresidenta Gabriela Michetti.

"Una persona con síndrome de Down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara". El autor de esta frase fue Guillermo Badino, presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales. La dijo a Clarín, meses atrás, al intentar explicar el criterio que su repartición había tenido en cuenta a la hora de dar de baja pensiones por discapacidad, lo que generó un escándalo en la previa de la campaña que forzó al Gobierno a dar marcha atrás. Ahora, pasadas las PASO y con aquella experiencia, el Presidente, en su versión más dura, no quiere que se repitan errores antes de las generales de octubre.


Así, en los próximos días, a través del Boletín Oficial, se oficializará la disolución del área que hoy depende de Badino. Y las pensiones no contributivas por invalidez, con sus fondos y estructura, quedarán a cargo de la vicepresidenta Gabriela Michetti, quien lidera por instrucción de Macri el Plan Nacional de Discapacidad. La idea es aglutinar las más de un millón de pensiones por invalidez que se otorgan junto a todas las medidas para el sector, bajo una sola cabeza, para moldear una política de Estado.Como el cargo de vicepresidente en Argentina no posee estructura, por una cuestión formal quedará bajo la órbita presidencial, en la Secretaría General que dirige Fernando de Andreis. Aunque en la práctica, no hay interna: será Michetti quien manejará el área. La vice fue una de las que, en plena polémica, no dudo en afirmar que Badino, como responsable del "error", debía "retirarse".

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El recorte alcanzó a 70 mil beneficiarios y la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley revirtió la medida ante las repercusiones de la decisión. Badino justificó la medida diciendo que “dimos de baja pensiones a personas que no son inválidos totales y permanentes, sino que tienen cierto grado de discapacidad”, y además estimó: “Una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la asignación universal por hijo”.
Al mismo tiempo se excusó sobre el no aviso a los beneficiarios y dijo que “no tenemos los teléfonos de todos y no es efectiva la comunicación por carta”.

Fuente: https://www.clarin.com/politica/desplazan-funcionario-avanzo-quita-pensiones-invalidez_0_HyRW7voOW.html

http://www.eltribuno.info/salta/nota/2017-8-24-7-10-25-el-gobierno-echo-al-funcionario-que-recorto-las-pensiones-a-discapacitados

PAMI: Redujeron la cobertura de medicamentos

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¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA QUE LOS AFILIADOS PUEDAN SOLICITAR Y/O RENOVAR EL SUBSIDIO SOCIAL?
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No estar afiliados a un sistema de medicina prepaga.
No ser propietario de más de un inmueble, ni poseer un auto de menos de 10 años, aeronaves o embarcaciones de lujo.

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Si el afiliado no cumple con los requisitos para acceder el Subsidio Social, pero gasta el 5% o más de sus ingresos en medicamentos, puede solicitar la vía de excepción en la agencia o UGL.


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MACRI prepara otra BAJA MASIVA de PENSIONES para después de Octubre

El Ministerio de Desarrollo Social prepara una modificación de las condiciones para otorgar pensiones por invalidez que dejaría sin prestación a las personas que no sean consideradas estrictamente discapacitadas, como aquellas que padecen cáncer, HIV, diabetes o chagas, enfermedades que si bien afectan su inserción en el mercado laboral, no les permiten acceder a ese certificado. La resolución está a la firma de la titular de esa cartera, Carolina Stanley, quien lo haría después de las elecciones de octubre. La medida establece que para obtener el beneficio habrá que tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), con criterios distintos y más restrictivos que los que existen ahora para la aprobación de las pensiones por invalidez, enfocados en las posibilidades de trabajar del damnificado cuando se encuentra en condiciones de vulnerabilidad social. Sobre un millón de titulares de este derecho, solo 400 mil poseen el CUD, lo que da cuenta del riesgo de recortes masivos en la cobertura y la limitación hacia adelante para el otorgamiento de nuevas pensiones.

Desde la llegada de Cambiemos al gobierno, la política en esta área ha sido de ajuste y estigmatización de los pensionados, a quienes se los ubicó bajo un manto de sospecha por recibir subsidios que no les corresponderían. El mensaje de las autoridades fue que se trata de un coto de clientelismo político del gobierno anterior, que elevó el universo de personas atendidas desde 350 mil en 2003 a 1 millón 600 mil en 2015, considerando la totalidad de las pensiones no contributivas. Bajo esa mirada, durante la gestión de Stanley se produjeron suspensiones y bajas generalizadas, que rondaron las 100 mil en 2016 y unas 70 mil en el primer semestre de este año, hasta que la difusión pública de los casos desató un escándalo que forzó a Desarrollo Social a frenar las cancelaciones. Pese a la promesa de la ministra y del jefe de Gabinete, Marcos Peña, de que se restablecerían las prestaciones, hasta el momento eso ha ocurrido solo parcialmente. No hay números oficiales que precisen la cuestión, mientras que estimaciones sindicales señalan que aún quedan más de 100 mil sin reponer, la mayoría del año pasado. Además, se multiplican las denuncias de solicitantes que deben esperar meses y meses hasta la aprobación de su trámite, paralizados por causas burocráticas entre ocho meses y un año como media general.

La decisión política del Gobierno es mantener el torniquete sobre los más necesitados. No hay voluntad real para resolver los expedientes. Por el contrario, la novedad en este tema es el proyecto de resolución que apunta a restringir aún más la distribución de pensiones por invalidez. La iniciativa, ya redactada, aguarda la firma de Stanley, lo que se produciría después de los comicios de octubre. El texto que circula por el Ministerio puso en alerta a especialistas y sindicatos, como la agrupación ATE Pensiones, que viene denunciando los recortes desde principios del año pasado. En el capítulo sobre los requisitos a cumplir para acceder al beneficio, el inciso D exige lo siguiente: “Presentación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) o el documento que lo reemplace emitido de conformidad con lo establecido por la ley 22.431 con la intervención de la Junta Médica Evaluadora Interdisciplinaria del Servicio Nacional de Rehabilitación, dependiente del Ministerio de Salud correspondiente a la jurisdicción donde se encuentre domiciliado el solicitante”. El CUD se otorga a personas discapacitadas, mientras que hasta ahora las pensiones por invalidez se autorizan a aquellos que puedan demostrar una disminución en su capacidad laboral, aunque no sean puntualmente discapacitados. Los ejemplos más claros son los citados al comienzo: enfermos de cáncer, HIV, diabetes insulino dependientes, lupus, celiaquía, lumbalgia en porcentajes elevados, entre otras. Son dolencias que dificultan su contratación formal en el mercado de trabajo, pero no están consideradas dentro de los listados oficiales para la obtención del CUD.

Los solicitantes de pensiones por invalidez tramitan hasta ahora un certificado médico oficial ante hospitales públicos, donde se convalida su incapacidad laboral. En lugar de ello, la resolución acota la obtención del CUD a las Juntas Médicas Evaluadoras, muy inferiores en número –en la mayoría de las provincias hay solo una en la capital del distrito–, lo que generará graves demoras para conseguir un turno. Pero, sobre todo, el riesgo es la exclusión de personas disminuidas en su capacidad laboral aunque su trastorno no encuadre en la categoría de discapacitado. En la actualidad hay 1.063.000 pensiones por invalidez, de las cuales 663 mil carecen del CUD. Por otra parte, las evaluaciones actuales de incapacidad laboral tienen carácter permanente, mientras que el CUD hay que renovarlo de manera periódica. En definitiva, son nuevos obstáculos que tienden a afectar la cobertura.

El presupuesto en seguridad social y jubilaciones constituye el principal renglón de gasto público y, por lo tanto, está en la mira del ajuste fiscal que prepara el Gobierno para 2018. El objetivo que se trazó el oficialismo es bajar el déficit primario de 4,2 puntos del PIB proyectados para este año a 3,2 puntos el próximo. Son unos 6000 millones de dólares que el Ministerio de Hacienda apuntará a disminuir de tres fuentes principales: subsidios a los servicios públicos, dando lugar a nuevos tarifazos de luz, gas, agua y transporte; obra pública, supuestamente reemplazando erogaciones del Estado por nuevos convenios de asociación público-privado, donde estos últimos aportarían el financiamiento y luego se irían cobrando en cuotas a medida que finalicen los trabajos, y el gasto social. En este renglón es donde entra la posibilidad de acotar las partidas para pensiones por invalidez, como se desprende de la resolución que espera la firma de Stanley. Junto con ello, existen presiones del FMI y otros organismos internacionales para que se altere la fórmula de movilidad de las jubilaciones, que determina aumentos de haberes en marzo y septiembre de cada año. La intención es incorporar a la fórmula la evolución del Indice de Precios al Consumidor Nacional para morigerar los incrementos de haberes.

Después de las elecciones del domingo, todavía sin resultados oficiales en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno considera que ganó espacio político para desplegar con mayor intensidad el programa neoliberal que arrancó en 2015. Es, al mismo tiempo, la condición que le exigen los mercados financieros para seguir alimentando la rueda de la deuda que lo sostiene. En esa dinámica, los sectores vulnerables aparecen otra vez como las primeras víctimas del ajuste mientras que para los ganadores del modelo, como los productores de soja, se confirmó que el año próximo seguirá la reducción de retenciones a la exportación. Es lo que Jim Yong King, presidente del Banco Mundial, y Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, calificaron esta semana como ir por el buen camino.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/57546-pensiones-en-riesgo

JUBILACIONES Y PENSIONES Aumento del 13,3 %

El Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Marcos Peña, y el Director Ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, anunciaron que a partir de de septiembre habrá un aumento del 13,32% para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones familiares de Argentina.

“Con el anuncio de hoy, el aumento para los jubilados suma un 28% en todo el año. La ANSES está haciendo un trabajo muy importante con los adultos mayores. Con la Reparación Histórica, por ejemplo, ya más de un millón de jubilados ahora cobra lo que merece. Por otro lado, ya son más de 370 mil personas que acceden al crédito ARGENTA, que ahora incluso se pueden tramitar por Internet”, indicó Peña.

Del total de beneficiarios que percibirán aumentos en sus haberes, 6,9 millones son jubilados y pensionados y 1,5 millones son titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y excombatientes de Malvinas, según consignó la agencia DyN.


Con este aumento, la mínima jubilatoria pasará de 6394,85 a 7246,64 y la máxima, de 46849,81 a 53090,20. La Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM) ascenderá de 5115,88 a 5797,31 pesos.


El monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) será, a partir de septiembre, de 1.412 pesos por hijo y en caso de chicos con discapacidad, el monto ascenderá a 4.606 pesos.También se actualizarán las asignaciones por Nacimiento, a 1.646 pesos; por Adopción, a 9.863; por Matrimonio; a 2.466; por Cónyuge para jubilados a 339 y Ayuda Escolar Anual, a 1.182 pesos. Asimismo, el aumento de haberes también se aplicará a las Asignaciones Familiares (AAFF).

Detalle de los aumentos de asignaciones familiares


Asignaciones Familiares por Hijo: aquellas familias que a partir del 1 de setiembre perciban ingresos mensuales de 200 a 21.921 pesos, tendrán una asignación de 1.412 pesos; en el rango de 21.921 hasta 32.152 será de 950 pesos; de 32.152 a 37.120 de 572 pesos y de 37.120 a 73.608 será de 293 pesos.


AAFF por Hijo con Discapacidad: ingresos hasta 21.921 pesos la asignación será de 4.606 pesos; para el rango de 21.921 hasta 32.152 el beneficio asciende a 3.256 pesos; y superior a 32.152 de 2.053 pesos.


AAFF por Hijo para Trabajadores Monotributistas: en categorías A,B,C,D la asignación será de 1.412 pesos; categoría E de 950; categoría F de 572; y categorías G,y H de 293 pesos.


AAFF por Hijo con Discapacidad para Trabajadores Monotributistas: categorías A,B,C y D será de 4.606 pesos; categoría E de 3.256 y categorías F,G,H,I,J,K de 2.053 pesos.

Discriminan a Maestro con Discapacidad

Horacio Manuel Romero tiene 41 años y ayer denunció que es discriminado por Supervisión de Escuelas de Chubut ya que entiende que no le permiten ingresar a un cargo docente por ser discapacitado. Con documentos en mano explicó su situación y aseguró: "esto es un síntoma claro de discriminación".

Horacio Manuel Romero padece hemiplejia congénita izquierda y denuncia que por su condición Supervisión de Escuelas no le da ningún cargo en las escuelas públicas de la zona. Con sus documentos en mano, el hombre de 41 años ayer se presentó en la redacción de El Patagónico y con los certificados que acreditan su inscripción a la Junta de Clasificación y la constancia de su libreta universitaria, pidió acceder a un trabajo.

Según explicó, en 2016 terminó la secundaria a través del Plan Fines y luego ingresó a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco aprovechando la modalidad de acceso para personas mayores de 25 años. Mientras cursaba la carrera de Ciencias de la Educación, terminaba las materias pendientes de nivel secundario, con el objetivo de poder ingresar al sistema educativo y dictar clases.

Con mucho esfuerzo, finalmente logró su cometido y en vacaciones pudo dictar clases en el programa de la Escuela de Verano. Romero explicó que luego se anotó para poder acceder a horas cátedra en distintos establecimientos. Sin embargo, nunca lo llamaron.
"Yo solo quiero trabajar, soy ciudadano de este país. No tenía la secundaria y resolví esta situación. Estoy en condiciones de estar frente a un grupo, de manejar adolescentes, manejar chicos porque si no no tendría la cantidad de materias aprobadas que tengo. Pero estoy cansado de esta situación. Es un símbolo claro de discriminación", sentenció.

El hombre asegura que decidió realizar la denuncia porque no quiere "que a otras personas les pase lo mismo" porque siempre quien es discapacitado tiene "hasta el doble o el triple que batallar".
"Espero que se solucione pronto esta situación porque parece que yo 'afeo' el paisaje. Pero el esfuerzo que estoy haciendo es muy grande; para una persona en situación de discapacidad es el doble", lamentó.

fuente: http://www.elpatagonico.com/denuncia-que-lo-discriminan-como-docente-la-escuela-publica-n1564378