La determinación del gobierno nacional de efectuar recortes en el sistema de pensiones por discapacidad continúa provocando fuertes expresiones de rechazo en todo el país.
Pese a que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, prometió el restablecimiento y revisión de las pensiones no contributivas que se eliminaron bajo su gestión, los trabajadores de esa dependencia denunciaron que hasta el momento no hubo una restitución total de las pensiones dadas de baja.
Se observa como la política que se impulsó no fue un error sino que está enmarcada dentro de una lógica de Gobierno que en el último año y medio suspendió y eliminó 173 mil pensiones por invalidez y que al momento no han sido restituidas en su totalidad.
Las pensiones dejaron de pagarse a estos beneficiarios de un día para el otro por tener un porcentaje de invalidez inferior al 76 por ciento, haber conseguido algún empleo -aunque fuese temporal- ;contar con un mínimo ingreso o capital en el hogar, como tener un auto usado.
Bajo el argumento de un supuesto cruce de datos, Desarrollo Social reconoció que el año pasado se quitaron 90 mil pensiones, a las que se suman las 83 mil de la primera mitad de 2017, principalmente a madres con siete o más hijos y a personas con invalidez.
Se ha generado una avalancha de reclamos de restitución. Los trámites para rehabilitación y pago se encuentran demorados en distintos sectores del organismo cuando deberían haberse activado automáticamente.
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